Los partidos plantearon cuatro exigencias puntuales al procurador general.
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Partidos rechazan que el Gobierno presida comisión electoral y designan a la Procuraduría para tal fin

La tensión política en Colombia sigue escalando luego del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
En una reunión celebrada este lunes con el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, representantes de nueve partidos —incluido el Partido de La U, el Centro Democrático y Cambio Radical— acordaron no reconocer al presidente Gustavo Petro ni al ministro del Interior como autoridades legítimas para presidir la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral.
“El atentado contra el senador Miguel Uribe deja claro que no hay garantías ni para el Centro Democrático, ni para ningún partido, ni para ningún candidato”, afirmó Alexander Vega, copresidente del Partido de La U, quien fue vocero del bloque multipartidista.
En una comunicación enviada al procurador general, los partidos solicitaron que el ministro del Interior no ejerza como presidente de la comisión, sino que sea un participante más, sujeto a responder los requerimientos del órgano.
“No reconocemos garantías en el gobierno ni reconocemos al señor ministro del Interior para que presida esa comisión”, sentenció Vega.
La petición se sustenta en lo dispuesto por la ley, que permite a la Procuraduría activar la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral, distinta a la comisión presidida por el Ejecutivo. Los partidos afirmaron que acudirán a este espacio paralelo porque consideran que “solo allí puede haber neutralidad y confianza institucional”.
Además, los partidos plantearon cuatro exigencias puntuales al procurador general:
- Que el director de la Policía Nacional asuma directamente el control del Plan Democracia, desplazando a la UNP como ente de protección para candidatos y líderes políticos.
- Que el ministro del Interior sea citado para aclarar si el Gobierno pretende expedir un decreto que convoque a una consulta popular, ignorando la decisión del Senado sobre las reformas.
- Que se adviertan posibles responsabilidades penales y disciplinarias si el Ejecutivo insiste en avanzar unilateralmente con dicha consulta.
- Que la Contraloría General revise con lupa todos los convenios y contratos de entidades como RTVC y ministerios, por posible uso de recursos públicos con fines de campaña anticipada.
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