Piden al Consejo de Estado pérdida de investidura de Miguel Uribe por presunta campaña anticipada

La demanda fue presentada tras el atentado que sufrió Uribe Turbay el 7 de junio, fecha en la que según los peticionarios realizaba las actividades de precampaña.
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La Confederación Unión de Trabajadores de Colombia y el sindicato de servidores públicos del Ministerio de Defensa radicaron ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra el senador Miguel Uribe Turbay por presuntos actos de precampaña política realizados en fecha no permitida.

Según el documento presentado por Carlos Alberto Sánchez Grass, presidente del sindicato Sinsergen, “el señor Miguel Uribe Turbay fue electo como senador de la República para el periodo comprendido entre el año 2022 hasta el año 2026″ y en ejercicio de su cargo habría participado en actividades proselitistas “el día sábado 7/Junio/2025″.

Los demandantes argumentan que ese día el congresista asistió a “reuniones, discursos públicos y publicaciones en redes sociales con el fin explícito de promover su aspiración a un cargo de elección popular distinto al que ostenta”, cuando “no había iniciado el período oficial de campaña según el calendario electoral vigente expedido por la Registraduría Nacional”.

La demanda fue presentada 12 días después del atentado que sufrió Uribe Turbay el 7 de junio, fecha en la que según los peticionarios realizaba las actividades de precampaña. El senador permanece en UCI y bajo pronóstico reservado tras el ataque con arma de fuego perpetrado por un menor de edad.

En el escrito judicial, los demandantes aseguran que “las evidencias recaudadas (fotografías, videos, publicaciones y testimonios juramentados) demuestran de manera indubitable que el senador Uribe Turbay utilizó su posición institucional y su reconocimiento como congresista para obtener ventajas políticas indebidas en favor de su aspiración electoral”.

Sánchez Grass indicó que “con dicha conducta, el senador incurrió en la causal de pérdida de investidura consagrada en el artículo 183, numeral 1º, de la Constitución Política, por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y su acto de imprudencia generó consecuencias de ataque a su propia humanidad, pero que no lo exime de su responsabilidad”.

La demanda incluye planteamientos controvertidos sobre el atentado. Los peticionarios señalan que “por dicho acto ilícito realizado expuso su vida, la cual cobró de que fuese atacado con un arma por parte de un menor de edad con fines de lastimarlo o asesinarlo“.

  


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