El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, confirmó que ya se compulsaron copias y se radicaron las denuncias correspondientes.
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La dilación procesal facilitó que Cristián Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto salieran de prisión por vencimiento de términos, pese a estar acusados del triple homicidio ocurrido en Chinú.
La Policía Nacional denunció ante las autoridades competentes a funcionarios judiciales cuya presunta negligencia permitió que dos hombres acusados de asesinar al empresario ganadero Esteban Urueta y a sus trabajadores Fredy Beleño y Gerardo Marzola, quedaran libres por vencimiento de términos.
El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, confirmó que ya se compulsaron copias y se radicaron las denuncias correspondientes para investigar por qué ocurrió la dilación procesal que benefició a estos sujetos.
“Encontramos una dilación dentro del proceso, que fue lo que permitió ese vencimiento de términos. Esperamos que haya resultados frente a esta situación”, afirmó el coronel Ruiz durante una rueda de prensa.
Los dos hombres recuperaron su libertad el martes, un día antes de ser capturados nuevamente por un delito diferente: el hurto de más de 700 cabezas de ganado propiedad del mismo empresario asesinado. Uno salió libre en Barranquilla y otro en Valledupar.
El triple homicidio que conmocionó a Córdoba ocurrió el año pasado en el municipio de Chinú. Las víctimas fueron el reconocido ganadero Esteban Urueta y sus dos empleados de confianza: Fredy Beleño y Gerardo Marzola.
Mientras las autoridades investigan a los responsables de la dilación judicial, los presuntos homicidas enfrentan ahora cargos por hurto calificado agravado.
El coronel Ruiz aclaró que el proceso por secuestro y homicidio continúa su curso normal. “Una cosa es esa dilación que facilitó el vencimiento de términos, pero el proceso judicial continúa y ellos tendrán que responder por estos delitos”, precisó.
Actualmente, los capturados permanecen bajo custodia policial mientras se adelantan las audiencias de legalización de captura y la solicitud de medida de aseguramiento intramural por el nuevo delito.
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