El sistema judicial superó en 53 días el límite constitucional de 120 días para iniciar juicio oral contra los confesos asesinos.
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Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, quienes confesaron el asesinato del ganadero Esteban Rafael Urueta González y sus trabajadores, recuperaron su libertad este martes debido al vencimiento de términos procesales.
El juez de Sahagún se vio obligado a conceder la libertad después de confirmar que transcurrieron 173 días continuos desde la presentación del escrito de acusación, violando el límite máximo de 120 días que establece el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal para iniciar juicio oral.
La liberación se produjo por una cadena de fallas administrativas del sistema judicial que paralizaron el proceso.
Tres jueces sucesivos se declararon impedidos para conocer el caso (Chinú, Sahagún y Cereté), generando un círculo vicioso que requirió la intervención del Tribunal Superior de Montería.
Adicionalmente, problemas técnicos en la Penitenciaría del Bosque de Barranquilla retrasaron audiencias virtuales, la Fiscalía presentó dificultades para desencriptar elementos probatorios y las vacaciones judiciales consumieron tiempo adicional.
El artículo 317 del Código de Procedimiento Penal establece que cuando no se comienza el juicio oral dentro de 120 días calendario desde la acusación, los procesados tienen derecho constitucional a la libertad inmediata.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es clara: estos términos se cuentan de forma ininterrumpida y solo se pueden descontar por maniobras dilatorias comprobadas de la defensa, situación que no ocurrió en este caso.
La defensora de víctimas Sulay Rico Arboleda no se opuso a la libertad y responsabilizó directamente a la Fiscalía, declarando que es “la segunda vez que permite que estos ciudadanos queden en libertad”. El procurador Adolfo Mario Toscano reconoció la “falla estatal” y confirmó que los términos se vencieron desde abril.
Los confesos asesinos del triple homicidio ocurrido en septiembre de 2024 en Chimá, Córdoba, continúan vinculados al proceso judicial por homicidio agravado, hurto y concierto para delinquir, pero ahora enfrentarán el juicio en libertad con audiencia preparatoria programada para el 4 de julio.
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