El llamado del procurador se produce en medio de múltiples cuestionamientos al evento presidencial.
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Procurador instó a “extremar persecución” de criminales tras evento en Medellín

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que mantenga las formas y el respeto hacia las víctimas en su propósito de buscar la paz, tras el evento presidencial realizado el sábado en Medellín que contó con la participación de cabecillas de bandas delincuenciales.
“Colombia necesita que todos trabajemos sin descanso en la búsqueda de la paz. No ha sido suficiente que durante décadas los sucesivos gobiernos hayan intentado fórmulas distintas para lograr ese objetivo a riesgo de su propio prestigio. El gobierno actual también lo está haciendo, no se debe desfallecer en ello”, manifestó el jefe del Ministerio Público.
Eljach enfatizó que perseguir la paz “es un deber que requiere formas que mantengan el respeto por las víctimas, la dignidad del Estado y de las autoridades, y la integridad de los valores más profundos que define una sociedad”.
“Ante los hechos recientes se hace indispensable que las autoridades extremen la persecución de las organizaciones criminales y las sometan a la ley como debe ser“, señaló el procurador,
El pronunciamiento del procurador se suma a las voces críticas que han surgido tras el evento en La Alpujarra, donde el presidente Gustavo Petro compartió tarima con alias Tom (de la banda Los Mesa), alias Douglas (de La Terraza), alias Pesebre (de Los Pesebreros) y alias Vallejo (del 12 de octubre), quienes fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí.
El llamado del procurador se produce en medio de múltiples cuestionamientos al evento presidencial. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, había señalado que “las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes” y que su lugar “es la sanción penal, el reconocimiento de su responsabilidad frente a las víctimas”.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) calificó el traslado de criminales desde las cárceles como “una afrenta contra la institucionalidad” que “desmoraliza a la fuerza pública y a los encargados de investigar a las organizaciones criminales”.
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