José Fernando Cardona habría usado recursos de UPC que «solo podían destinarse al aseguramiento en salud»
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Procuraduría formula cargos contra expresidente de Nueva EPS por plan de ahorro de $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el expresidente ejecutivo de la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A., José Fernando Cardona Uribe, por la presunta autorización de la ejecución de un plan de ahorro voluntario (“Plan Semilla”) por un valor superior a los $1.000 millones, con cargo a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública señaló que, al parecer, en la vigencia 2020 el disciplinable pasó por alto que los dineros que avaló utilizar, correspondientes a la iniciativa denominada “Plan Semilla”, legal y constitucionalmente solo podían destinarse al aseguramiento en salud.
El ente de control indicó que el funcionario posiblemente optó por clasificar el gasto en el que se incurrió, con el monto previamente referido, dentro del componente administrativo, con lo que pudo trasgredir varias normas del sistema de salud.
Los recursos de la UPC son transferencias que realiza el Estado a las EPS para garantizar la cobertura de los servicios de salud a los afiliados, y su uso está estrictamente regulado para evitar desvíos de fondos públicos.
Para la Procuraduría, Cardona Uribe habría quebrantado el principio de moralidad que rige la función pública, por lo que de manera provisional calificó su supuesta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.
La formulación de cargos se produce en el contexto de la intervención que sufrió la Nueva EPS en enero de 2024, cuando el Gobierno detectó múltiples irregularidades administrativas y financieras en la entidad que comprometían la prestación del servicio.
Cardona Uribe ejerció como presidente ejecutivo de la Nueva EPS hasta enero de 2024, período durante el cual se habrían cometido las irregularidades que ahora investiga la Procuraduría.
El caso evidencia el uso indebido de recursos públicos destinados exclusivamente para garantizar el derecho a la salud de los colombianos afiliados al sistema.
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