La entidad abrió indagación disciplinaria contra funcionarios de la petrolera estatal por presuntas irregularidades en consultoría con firma estadounidense.
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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra funcionarios de Ecopetrol por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato celebrado entre la petrolera estatal y la firma estadounidense Covington & Burling LLP.
El acuerdo, valorado en aproximadamente 5 millones de dólares, tenía como objetivo realizar una consultoría sobre análisis de riesgos reputacionales del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Según la información publicada por la revista Semana, el contrato se celebró en agosto de 2024 y aparentemente se modificó sin autorización de la junta directiva.
La consultoría se utilizó como mecanismo para interceptar comunicaciones internas de funcionarios de la entidad, afectando a 70 altos ejecutivos de Ecopetrol, incluidos miembros de la junta directiva.
La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal decidió iniciar indagación previa bajo los términos del artículo 208 del Código General Disciplinario, que establece procedimientos cuando existe duda sobre la identificación de posibles autores de faltas disciplinarias.
El órgano de control determinó que las pruebas cumplen criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para avanzar en la investigación. La medida busca establecer si el contrato de consultoría se utilizó de manera irregular para interceptar comunicaciones privadas de funcionarios.
Entre las acciones ordenadas por la Procuraduría se encuentra una inspección disciplinaria a las instalaciones de Ecopetrol para recolectar documentación relacionada con el contrato y sus modificaciones.
También solicitó apoyo a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para buscar y preservar información de los correos electrónicos y cuentas institucionales de Luis Felipe Rivera García, vicepresidente corporativo de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La investigación incluye el análisis de documentos corporativos, protocolos internos de cumplimiento, certificaciones laborales y correspondencia relacionada con la ejecución del contrato.
La Procuraduría también revisará los memorandos suscritos por la Dirección Corporativa de Cumplimiento durante el último trimestre de 2024.
El caso surge después de que diferentes medios de comunicación publicaran información sobre el presunto procedimiento de retención y preservación de comunicaciones e información digital que habría afectado a directivos de la empresa petrolera más importante del país.
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