La entidad rechaza los cuatro cargos presentados por los demandantes Christian Munir Garcés Aljure y Jerónimo Antía Pimentel, quienes alegan violación del debido proceso legislativo
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley 2385 de 2024, que prohíbe las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas en todo el territorio nacional, argumentando que la norma es constitucional y responde a la evolución social y jurisprudencial sobre protección animal.
En el concepto presentado al alto tribunal, firmado por el Procurador General Gregorio Eljach Pacheco, la entidad rechaza los cuatro cargos presentados por los demandantes Christian Munir Garcés Aljure y Jerónimo Antía Pimentel, quienes alegan violación del debido proceso legislativo, vulneración del derecho a la cultura, afectación al libre desarrollo de la personalidad y desconocimiento de derechos adquiridos.
El Ministerio Público considera que la ley no vulnera el principio de sostenibilidad fiscal, pues los artículos sobre reconversión laboral y cultural no constituyen órdenes de gasto inmediatos, sino mandatos que requieren desarrollo reglamentario posterior. Además, señala que el Ministerio de Hacienda confirmó durante el trámite legislativo que estas medidas no representan gastos adicionales.
Respecto al derecho a la cultura, la Procuraduría sostiene que el legislador tiene facultad para prohibir manifestaciones culturales que impliquen maltrato animal, siguiendo la línea jurisprudencial establecida desde la sentencia C-666 de 2010, que indicó que el Congreso podía eliminar estas prácticas para proteger a los animales como seres sintientes.
“La medida resulta proporcionada al establecer un período de transición de tres años”, concluye el concepto, destacando que la ley maximiza el principio de protección animal sin vulnerar derechos fundamentales.
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