El Ministerio Público requirió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) realizar con carácter urgente la evaluación del nivel de riesgo para asignar medidas de protección mediante el trámite de emergencia
Ante las graves amenazas recibidas por siete concejales del municipio de Tierralta, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado al alcalde local convocar de manera inmediata un Consejo de Seguridad extraordinario que incluya autoridades tanto locales como nacionales para implementar medidas de protección efectivas.
Los cabildantes, quienes recibieron un ultimátum que les exige abandonar sus cargos en un plazo de 48 horas bajo amenaza de muerte, presentaron la correspondiente denuncia ante la Fiscalía seccional Montería. Según lo denunciado, las intimidaciones estarían relacionadas con su supuesta oposición a proyectos de acuerdo presentados por la administración municipal.
De manera paralela, el Ministerio Público requirió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) realizar con carácter urgente la evaluación del nivel de riesgo para asignar medidas de protección mediante el trámite de emergencia, buscando garantizar que los concejales puedan ejercer sus funciones de manera libre y segura.
El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos expresó su contundente rechazo a estas amenazas, calificándolas como una vulneración de derechos fundamentales y un ataque directo contra la democracia local.
La entidad ha sido enfática en exigir respuestas claras y acciones efectivas de todas las instituciones competentes para prevenir cualquier daño a la vida e integridad de los concejales amenazados, y ha afirmado que mantendrá especial vigilancia sobre la evolución de esta preocupante situación.
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