Arroceros de Ayapel y San Marcos enfrentan crisis económica mientras esperan soluciones del Gobierno Nacional.
La producción de arroz en la región del San Jorge ha disminuido hasta en un 50% debido a las prolongadas inundaciones que afectan a la zona, según informaron líderes de la Alianza Comunal de la Mojana. Wilson Cochero, representante de los productores, confirmó que muchos agricultores están prácticamente en quiebra tras tres años y medio de afectaciones.
“Todas las tierras bajas de Ayapel están cubiertas por agua. Son tierras productivas”, señaló Cochero, quien destacó que regiones como Lima, San Matías y Caño Caimán, tradicionalmente grandes zonas de cultivo arrocero, actualmente no están produciendo.
Las inundaciones, originadas por el rompimiento del boquete de Caregato en el río Cauca, han afectado severamente a municipios como Ayapel, que según el vocero “es uno de los municipios más afectados por Caregato, porque toda la parte central del sur, que es altamente productiva, está inundada”.
Los agricultores han tenido que solicitar préstamos bancarios para sobrevivir, pero muchos no pueden pagarlos debido a la baja producción.
La crisis no solo impacta la producción de arroz, sino también la mediana y pequeña ganadería. “Hoy la gente está sobreviviendo en ambos o sencillamente se han desplazado y están viendo cómo se destruyen sus casas en las fincas”, explicó Cochero.
Tras un reciente paro de arroceros, el Gobierno Nacional y los representantes de los agricultores firmaron un acta de compromiso para realizar mesas de trabajo los días 24 y 28 de marzo en Majagual, donde se discutirán soluciones para la crisis.
Además de la reducción en la producción, los habitantes de la Mojana enfrentan problemas de salud por la contaminación con mercurio y otros metales pesados provenientes de la explotación minera en el bajo Cauca. La sedimentación ha reducido la capacidad hidráulica de caños y humedales que antes amortiguaban las inundaciones.
Cochero hizo un llamado a los alcaldes de los 11 municipios de la Mojana y a los gobernadores de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia para que se unan y presionen al Gobierno Nacional por una solución definitiva al problema.
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