Propiedad y medio ambiente en Colombia: ni barreras arbitrarias ni riesgos innecesarios, equilibrio inteligente

@javierdelahoz20

El debate sobre ordenamiento ambiental del territorio en Colombia es tan necesario como complejo, en la Sabana de Bogotá, donde la presión urbanística, la crisis hídrica y la regulación ambiental se cruzan, el desafío es aún mayor, sin embargo, esta discusión ha sido capturada por posturas extremas: de un lado, quienes insisten en regulaciones que limitan en exceso el desarrollo y, del otro, quienes rechazan sin análisis toda medida de protección ambiental por considerarla un obstáculo económico.

Ninguno de estos enfoques aporta soluciones, ni las restricciones normativas que generan incertidumbre para la inversión ni la ausencia de regulación pueden garantizar un futuro viable, lo que se necesita es un equilibrio inteligente, donde el desarrollo y la conservación ambiental se complementen dentro de un modelo de gestión territorial basado en evidencia técnica y planificación estratégica.

Uno de los temas centrales en este debate es el acceso al agua. La Sabana de Bogotá enfrenta una crisis hídrica que llevó a que el 11 de abril de 2024 comenzara el racionamiento de agua en la capital del país, la expansión urbana ha incrementado la demanda, mientras que la infraestructura de abastecimiento y la gestión del recurso han enfrentado desafíos que requieren una respuesta estructural.

Como parte de las medidas para mitigar la escasez, algunos municipios han comenzado a perforar pozos profundos como alternativa al suministro tradicional. No obstante, esta estrategia debe implementarse con cuidado, la explotación sin regulación de acuíferos puede comprometer su capacidad de recarga y generar impactos negativos en los ecosistemas.

El acceso al agua en la Sabana no puede depender únicamente de medidas de emergencia. Se requiere una estrategia integral que combine planificación urbana, inversión en infraestructura y una gobernanza eficiente del recurso hídrico.

Con este panorama, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha puesto en consulta pública un proyecto de resolución que establece lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá. Este documento busca proteger zonas de recarga de acuíferos, bosques naturales andinos, humedales y áreas con riesgos naturales, impactando a Bogotá y 39 municipios de Cundinamarca y el Meta, ahora, si bien es cierto la intención es garantizar que el desarrollo territorial se alinee con la conservación ambiental, su formulación ha generado enormes preocupaciones. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha señalado que la consulta pública no ha sido más que un trámite formal sin una concertación real con los municipios involucrados.

Aquí surge un conflicto clave: ¿hasta qué punto el Ministerio de Ambiente puede imponer determinantes ambientales sin afectar la autonomía municipal en ordenamiento territorial?

La Constitución y la Ley 388 de 1997 establecen que los municipios tienen competencia para definir el uso del suelo a través de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), sin embargo, existen determinantes ambientales de obligatorio cumplimiento, especialmente en la protección de fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos, el reto es equilibrar ambas cosas: que la regulación ambiental no anule la autonomía municipal, sino que la complemente con criterios técnicos y mecanismos viables de implementación, en lo personal considero que la resolución publicada para consulta pública viola principios legales y constitucionales.

Más allá del conflicto normativo, este tipo de discusiones se ven empañadas cuando el debate técnico se politiza, en lugar de construir soluciones, distintos sectores terminan inmersos en disputas que dejan de lado la necesidad de encontrar respuestas viables y equilibradas.

Este escenario genera un vacío de seguridad jurídica y planificación efectiva. Bogotá necesita ordenar su crecimiento, los municipios requieren estabilidad para planificar su desarrollo, y la Sabana en su conjunto debe proteger sus ecosistemas estratégicos, pero nada de esto se logrará si cada medida se convierte en un campo de batalla político.

El problema no es la existencia de regulación ambiental, sino la falta de claridad, previsibilidad y articulación con los gobiernos locales y los sectores productivos.

El debate sobre propiedad y medio ambiente no es exclusivo de Colombia. Un precedente clave en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En este caso, el Estado ecuatoriano afecto un terreno de Salvador Chiriboga para fines ambientales y urbanísticos sin garantizar una compensación justa, la CIDH determinó que, si bien los Estados pueden imponer restricciones a la propiedad privada en favor del interés público, estas deben ser proporcionales, razonables y sujetas a compensación cuando generan una afectación directa a los propietarios.

Este caso es un recordatorio clave para Colombia: las regulaciones ambientales deben garantizar seguridad jurídica, si las medidas impuestas en la Sabana afectan significativamente la propiedad privada sin compensaciones adecuadas, el Estado colombiano podría enfrentar litigios similares.

El precedente de la CIDH refuerza la necesidad de un modelo de regulación que no solo imponga restricciones, sino que también prevea mecanismos de ajuste y compensación cuando sea necesario.

El verdadero reto no es decidir entre desarrollo o medio ambiente, sino diseñar un modelo de gestión territorial donde ambos factores sean compatibles. Para lograrlo, es necesario que se apliquen eficazmente mecanismos de concertación real y efectiva, no basta con publicar un documento para comentarios; se deben generar espacios de diálogo donde municipios, empresas, comunidades y expertos puedan construir soluciones conjuntas, es urgente mejorar las redes de suministro y tratamiento de agua, optimizar su uso y promover tecnologías que permitan su reutilización eficiente, así mismo la normativa ambiental debe ser predecible y realista, evitando regulaciones que cambian constantemente o que no tienen en cuenta las necesidades de desarrollo, las decisiones deben basarse en estudios técnicos sólidos, no en posturas ideológicas o presiones políticas y sin un cambio en la conciencia ciudadana sobre el uso responsable del agua y el respeto por el territorio, cualquier medida regulatoria será insuficiente.

El equilibrio inteligente no es un lujo, es una necesidad, Colombia debe superar la mentalidad de confrontación y avanzar hacia soluciones pragmáticas, donde la propiedad y el medio ambiente sean gestionados con visión de futuro y no como botines políticos.

El caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador deja en claro que la protección ambiental debe estar acompañada de mecanismos que garanticen seguridad jurídica y compensación cuando sea necesario, de lo contrario, el país seguirá en la misma inercia, perdiendo tiempo valioso mientras la crisis ambiental y la presión territorial siguen avanzando sin control.

Es momento de reemplazar la improvisación y la confrontación con planificación real y gestión territorial basada en datos. Ni barreras arbitrarias ni riesgos innecesarios: Colombia necesita equilibrio y visión de largo plazo.

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