Durante la jornada, que se extendió por más de siete horas, participaron 85 personas con distintos puntos de vista sobre el contenido.
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La Comisión Cuarta del Senado realizó este lunes una audiencia pública sobre la reforma laboral, luego de que el proyecto fuera trasladado a esa célula legislativa tras revivir mediante una apelación en plenaria.
Durante la jornada, que se extendió por más de siete horas, participaron 85 personas con distintos puntos de vista sobre el contenido y los efectos de la iniciativa.
La senadora Angélica Lozano, presidenta de la comisión, señaló que intervinieron trabajadores, representantes sindicales, empresarios, gremios y ciudadanos, incluyendo algunos que no estaban inscritos previamente.
“Incluso quienes no se inscribieron previamente pudieron hablar en igualdad de condiciones con los demás”, indicó.
El debate reunió argumentos a favor y en contra. Desde el sector empresarial, varios gremios expresaron inquietudes por el impacto económico que podría tener el proyecto.
César Chacón, del Instituto de Ciencia Política, afirmó que la propuesta “impone condiciones laborales homogéneas, encarece el empleo formal, afecta a las Mipymes y compromete la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social”.
Jaime Cabal, presidente de Fenalco, advirtió sobre posibles efectos en el empleo en sectores como el comercio.
“Un alza del 18% al 35% en costos laborales pondría en riesgo tiendas, panaderías y restaurantes, que generan el 42% del empleo femenino y el 36% del juvenil”, dijo.
Paula Cortés, de Anato, sostuvo que la reforma “aumenta considerablemente los costos de las agencias de viajes”, en referencia a sectores con actividad continua durante fines de semana y horarios nocturnos.
Desde otras posiciones, se presentaron argumentos en defensa del proyecto.
Sergio Coronado, de la Defensoría del Pueblo, afirmó que se trata de una respuesta a decisiones de la Corte Constitucional en materia de derechos laborales.
“La reforma es una respuesta institucional frente a múltiples órdenes de la Corte Constitucional para proteger los derechos humanos en el mundo del trabajo”, señaló.
También hubo solicitudes de ajustes específicos al contenido de la reforma. María Fernanda Alfonso Vega, del Sindicato de Empleados Públicos del SENA, pidió que se restituya el carácter laboral del contrato de aprendizaje.
“No es un regalo ni una concesión, es un derecho arrebatado hace más de 23 años”, manifestó.
El tema de la informalidad laboral también fue mencionado. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, afirmó que más de 14 millones de personas trabajan sin acceso a seguridad social ni condiciones laborales estables.
La reforma laboral fue archivada en tercer debate en la Comisión Séptima, pero la plenaria del Senado aprobó una apelación que permitió su traslado a la Comisión Cuarta.
A partir de allí, deberá superar los debates en el Senado antes del 20 de junio, cuando termina la actual legislatura.
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