El registrador calificó la situación como una “controversia jurídica sin precedentes”.
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El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció este martes 17 de junio que será la justicia constitucional la que deberá dirimir el futuro de la consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro a través de un decreto presidencial, sin el previo concepto favorable del Senado.
En una declaración pública, el registrador calificó la situación como una “controversia jurídica sin precedentes” entre dos ramas del poder público, y señaló que el rumbo del proceso debe ser definido por los órganos de control y las altas cortes.
“Es clara y evidente una controversia jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo”, afirmó Penagos, al advertir que la discusión no solo pone en juego la consulta misma, sino “el orden institucional del país y el principio democrático”.
Como parte de las acciones que tomará la Registraduría, se abrirá una actuación administrativa con base en el Código de Procedimiento Administrativo para recopilar conceptos de las entidades con competencia en la materia.
El registrador informó que solicitará un pronunciamiento de fondo a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado sobre si se cumplen o no los requisitos legales para la convocatoria.
Además, se enviará la solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que acompañe el proceso y a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que respalde la petición ante el alto tribunal.
“Desde ya queremos solicitarle a las altas cortes, al Consejo de Estado o a la Corte Constitucional, que decidan de manera ágil sobre esta controversia jurídica“, señaló Penagos.
En paralelo, la Registraduría esperará una decisión sobre las múltiples demandas que cursan tanto en el Consejo de Estado como en la Corte Constitucional contra el decreto que oficializa la consulta.
“Es importante para el país que alguna de esas cortes tome decisiones de fondo que nos permitan saber hasta dónde conducirnos, no solamente para la convocatoria de una consulta, sino para evitar una ruptura institucional“, subrayó el registrador.
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