Nueve partidos políticos de oposición e independientes dirigieron una misiva al registrador Hernán Penagos solicitándole declarar «excepción de inconstitucionalidad»
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La Registraduría Nacional confirmó este viernes la radicación del decreto que convoca a consulta popular, iniciando formalmente el trámite legal correspondiente. Sin embargo, el proceso enfrenta múltiples obstáculos jurídicos que podrían complicar su desarrollo.
El decreto presidencial se encuentra bajo intenso escrutinio constitucional, con una serie de demandas interpuestas que cuestionan su legalidad. La Corte Constitucional se prepara para analizar si la normativa se ajusta a los preceptos constitucionales vigentes.
Nueve partidos políticos de oposición e independientes dirigieron una misiva al registrador Hernán Penagos solicitándole declarar “excepción de inconstitucionalidad” para suspender el llamado a las urnas. Las colectividades firmantes incluyen Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, Liga Gobernantes Anticorrupción, Colombia Justa y Libres, Partido Mira, Verde Oxígeno y Nuevo Liberalismo.
Estas agrupaciones políticas argumentan que el decreto viola preceptos constitucionales fundamentales y solicitan que la Registraduría se abstenga de ejecutar el proceso electoral hasta tanto no se resuelvan las controversias jurídicas planteadas.
La entidad electoral debe ahora iniciar la evaluación jurídica del decreto mientras se define el panorama constitucional. El registrador Penagos enfrenta la decisión de proceder con el cronograma electoral o acatar las solicitudes de suspensión fundamentadas en presuntas violaciones constitucionales.
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