Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo llevan dos meses en cautiverio tras ser secuestrados el 8 de mayo en Arauca
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Dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación secuestrados por el ELN en Arauca dieron a conocer las primeras pruebas de supervivencia después de dos meses en cautiverio. En un video de más de tres minutos, Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo denuncian la falta de gestión del Gobierno Nacional y la Fiscalía para lograr su liberación.
López Estrada, escolta del ente investigador, aparece en el video vistiendo una camiseta color mostaza y gorra negra. Durante su intervención, hace un llamado directo al presidente Gustavo Petro y a la fiscal general de la Nación para que establezcan los canales necesarios que permitan una pronta liberación.
“A la fecha, no han hecho nada, ni el presidente Gustavo Petro ni la Fiscalía, para que se den los canales por intermedio de la ONU, por intermedio de la Defensoría del Pueblo”, expresó López Estrada en el video. El funcionario cuestionó hasta cuándo deben esperar para que se abran los canales de comunicación con el ELN.
El escolta aprovechó para enviar un saludo a su familia y les pidió acercarse a la Fiscalía para preguntar qué gestiones han realizado con soportes documentales. También solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo y la ONU para que presionen al Gobierno Nacional.
Por su parte, Jesús Antonio Pacheco Oviedo, agente de protección y seguridad de la Fiscalía, recordó su condición de servidor público y pidió al presidente Petro buscar mecanismos de cooperación y comunicación con el ELN. “Somos prisioneros de guerra desde el 8 de mayo de 2025”, declaró Pacheco Oviedo.
El funcionario también hizo un llamado a la fiscal general para que establezca mecanismos de comunicación con el grupo armado, así como a la comunidad internacional, defensores de derechos humanos, la Iglesia Católica y Naciones Unidas para que medien en el proceso de liberación.
Los dos funcionarios fueron secuestrados por hombres armados del ELN el pasado 8 de mayo en el departamento de Arauca. Desde entonces, sus familias también denuncian la falta de actuación de las autoridades competentes para lograr su liberación.
El caso pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los servidores públicos en zonas de conflicto armado y la necesidad de establecer protocolos efectivos para la liberación de funcionarios secuestrados por grupos armados ilegales.
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