El exsubdirector destapa documento de 156 páginas que involucra al exministro de Hacienda en direccionamiento de contratos por más de 90 mil millones de pesos
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El exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, hizo nuevas revelaciones en su principio de oportunidad que comprometen gravemente al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a la representante a la Cámara, Karen Astrid Manrique, en el escándalo de corrupción que afecta a la entidad.
Según el testimonio de Pinilla, contenido en un documento de 156 páginas, Bonilla habría mostrado un interés directo en la adjudicación de contratos millonarios, presuntamente destinados a sobornar a congresistas. El exministro habría designado a María Alejandra Benavides Soto para coordinar directamente con Pinilla la gestión de tres proyectos que beneficiarían a miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Los contratos, valorados en más de 90 mil millones de pesos, debían adjudicarse antes de diciembre de 2023, por orden expresa del entonces ministro. A cambio, se buscaba obtener un concepto favorable para proyectos de endeudamiento público de la Nación.
En otro apartado del principio de oportunidad, Pinilla señaló que la representante Manrique habría tenido un interés directo en un contrato millonario en Saravena, Arauca. Según su declaración, Manrique ingresó a la UNGRD el 14 de diciembre de 2023 junto a Gustavo González Ruiz, descrito como su pareja sentimental, para consultar sobre el estado de un contrato que presuntamente manejaría a través de él.
En abril de este año, una jueza penal especializada de Bogotá avaló la negociación judicial con Pinilla, quien aceptó reintegrar 618 millones de pesos correspondientes al dinero recibido para sobornos. La Fiscalía General concedió principios de oportunidad tanto a Pinilla como a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, a cambio de su colaboración con la justicia.
El escándalo provocó la renuncia del ministro Bonilla en diciembre de 2024, luego de que el presidente Gustavo Petro se la solicitara públicamente. La Fiscalía anunció que imputará cargos al exministro por los presuntos delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
Por su parte, Karen Manrique se acogió a su derecho de guardar silencio ante la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2024, y posteriormente la Corte allanó su oficina en el Congreso. La representante ha negado cualquier irregularidad y aseguró que sus visitas a la UNGRD respondían a gestiones legítimas en favor de sus comunidades.
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