Afinia no puede suspender bajo ninguna circunstancia el suministro de energía a sujetos de especial protección constitucional
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios emitió un pronunciamiento dirigido a Afinia, filial del Grupo Empresarial E.P.M., recordándole sus obligaciones legales respecto a la implementación de los Periodos de Continuidad en el sur de Bolívar y la protección de usuarios especiales.
En el comunicado de prensa, la entidad de vigilancia y control hace énfasis en un aspecto fundamental del Decreto 111 de 2012 del Ministerio de Minas y Energía: “para que una empresa de servicios públicos pueda ejecutar medidas de racionamiento eléctrico bajo la figura de Periodos de Continuidad, debe existir un acuerdo formal entre el Suscriptor Comunitario y la compañía prestadora, con el aval explícito de la autoridad local o alcalde municipal”.
“Este requisito no es opcional ni interpretativo, sino obligatorio para garantizar que las restricciones en el servicio estén debidamente justificadas y cuenten con el respaldo de las autoridades que representan a la comunidad afectada”, explicó un vocero de la Superintendencia.
El organismo de control también recordó que, independientemente de estos periodos, Afinia no puede suspender bajo ninguna circunstancia el suministro de energía a sujetos de especial protección constitucional. Entre estos se incluyen hospitales, acueductos y personas oxígeno-dependientes, quienes según la Sentencia T-167/11 de la Corte Constitucional, merecen acciones positivas del Estado para lograr una igualdad real y efectiva.
La Superservicios insta a todas las partes involucradas (comunidades de áreas especiales, alcaldes y la empresa Afinia) a establecer nuevos acuerdos que mejoren la situación de pagos del servicio, buscando soluciones alternativas que reviertan las medidas de limitación energética.
Las tensiones entre comunidades del sur de Bolívar y Afinia se han intensificado en los últimos meses debido a los frecuentes cortes de energía, situación que ha motivado esta intervención de la entidad reguladora para garantizar tanto la sostenibilidad del servicio como la protección de los derechos de los usuarios más vulnerables.
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