Autoridades buscan proteger a policías y militares que están siendo atacados mientras descansan con sus familias.
El Gobierno Departamental de Córdoba y los mandos militares y policivos, anunciaron este martes la suspensión inmediata de vacaciones y permisos para todos los miembros de la fuerza pública en el departamento y las zonas críticas, tras registrarse varios ataques mortales contra uniformados que se encontraban descansando en sus hogares.
La decisión se tomó luego de confirmarse dos asesinatos recientes: un policía en el municipio de Sahagún y un soldado en Puerto Escondido, donde también resultó herido el padre del militar al intentar defenderlo.
“Lo que estamos viendo no es que estén combatiendo a la fuerza pública, los están sicariando”, afirmó el gobernador de Córdoba durante una rueda de prensa junto a altos mandos militares y policiales.
“Bandidos ingresan a las familias de los miembros de la fuerza pública y están asesinando al uniformado, incluso a sus familiares”, añadió.
El Ejército y la Policía implementaron un dispositivo especial para recoger a todos los militares y policías que actualmente disfrutan de su periodo vacacional en el departamento.
“La gente necesita que la recojamos y protejamos. Estamos haciendo un dispositivo de seguridad, los recogemos y los ubicamos en las instalaciones”, explicó el general Eduardo Arias, comandante de la Brigada 11 del Ejército.
Las autoridades atribuyen estos ataques a una estrategia deliberada de grupos criminales que aprovechan la vulnerabilidad de los uniformados cuando están de descanso.
El coronel Elkin Corredor, comandante de la Policía de Córdoba, calificó la situación como “un plan macabro que viene desarrollando este grupo criminal, donde aprovecha esa actividad administrativa de vacaciones para atacar el estado de indefensión que tienen nuestros hombres y mujeres”.
Como parte de las medidas de protección, las fuerzas de seguridad activaron el “Plan Caracol”, que consiste en realizar movimientos circulares mediante revistas y acompañamientos a los uniformados que permanecen en la jurisdicción de Córdoba.
Adicionalmente, el gobierno departamental ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables de estos ataques.
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