El exdirector del DAPRE enfrenta cargos por cohecho, peculado y lavado de activos tras analizar las pruebas aportadas por la Fiscalía.
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El Tribunal Superior de Bogotá emitió orden de captura contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) del gobierno de Gustavo Petro, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
La decisión judicial llega después de que el Tribunal analizara las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.
González, considerado una de las figuras más cercanas al presidente Petro y cofundador de la Alianza Verde, enfrenta cargos por cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
La Fiscalía lo señala como el cerebro detrás de un esquema que desvió 4.000 millones de pesos destinados a contratos de emergencia.
Según el expediente judicial, González ordenó al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, entregar 60.000 millones de pesos en contratos a Iván Name (expresidente del Senado) y 10.000 millones a Andrés Calle (expresidente de la Cámara de Representantes). El objetivo: garantizar el apoyo de estos congresistas a los proyectos legislativos del gobierno.
Ante la urgencia de los políticos por recibir los recursos, González modificó la estrategia y autorizó el pago de coimas en efectivo: 3.000 millones para Name y 1.000 millones para Calle, dinero que provino de contratos para carrotanques destinados a La Guajira.
El exdirector del DAPRE abandonó Colombia el 2 de noviembre de 2024, cuando se intensificaron las investigaciones. Fuentes confirman que se encuentra fuera del país, posiblemente bajo protección internacional, lo que complicaría su eventual captura.
Durante su audiencia de imputación en mayo pasado, González rechazó todos los cargos y los calificó como “calumnias sin fundamento”. Su abogado, Iván Cancino, argumenta que las acusaciones se basan en testimonios poco confiables de personas que buscan beneficios judiciales.
La Fiscalía advirtió que la ausencia del país del exfuncionario podría derivar en una circular roja de Interpol para facilitar su captura internacional.
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