La decisión judicial ampara el derecho fundamental a la libertad del expresidente mientras se define la apelación de su condena en segunda instancia.
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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras fallar a su favor una acción de tutela que ampara su derecho fundamental a la libertad individual.
La decisión revierte la orden de detención domiciliaria que había sido impuesta tras su condena histórica el pasado julio.
Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano condenado penalmente el 28 de julio de 2025, cuando la jueza Sandra Liliana Heredia lo declaró culpable de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal tras un proceso judicial que duró más de 13 años.
⚖️ El Tribunal Superior de Bogotá resolvió la primera acción de tutela en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, al pronunciarse sobre la solicitud de amparo presentada frente a la orden de detención inmediata dictada en su contra.
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El tribunal determinó que el exmandatario permanecerá en libertad hasta que se resuelva definitivamente el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia.
La condena inicial estableció una pena de 12 años de prisión domiciliaria, una multa de 2.420 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación por más de ocho años para ejercer funciones públicas.
El caso se originó en 2012 cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testimonios, pero la investigación terminó revelando que fue el expresidente quien habría intentado influir en testigos para desacreditar a Cepeda.
La Sala de Decisión Penal del Tribunal encontró mérito en los argumentos de la defensa sobre posibles violaciones al debido proceso y la presunción de inocencia.
El proceso incluye testimonios de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve y grabaciones del abogado Diego Cadena, quien supuestamente actuó como intermediario para intentar cambiar declaraciones de testigos encarcelados.
Los magistrados tienen hasta octubre de 2025 para emitir el fallo definitivo de segunda instancia, antes de que el caso prescriba.
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