La defensa del expresidente interpuso recurso ante la segunda instancia tras el fallo condenatorio por fraude procesal y soborno.
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El Tribunal Superior de Bogotá se convertirá en la instancia encargada de revisar la apelación que la defensa de Álvaro Uribe interpuso contra la condena de 12 años de prisión domiciliaria dictada por la jueza Sandra Liliana Heredia. El recurso busca revocar la sentencia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
El penalista Jaime Granados, quien lidera la defensa del expresidente, confirmó que estudian la apelación desde el lunes posterior al fallo y confían en que la segunda instancia revoque la decisión de primera instancia. La estrategia defensiva se concentrará en demostrar que no existen elementos suficientes para sustentar la responsabilidad penal de Uribe.
La apelación se presenta contra dos de los tres cargos formulados por la Fiscalía, considerando que el expresidente resultó absuelto del delito de soborno simple. Los magistrados del Tribunal Superior deberán analizar el extenso expediente de 1.114 páginas que sustenta la condena inicial.
Durante el proceso de segunda instancia, la defensa podrá solicitar nuevas pruebas, presentar alegatos adicionales y controvertir los argumentos que llevaron a la jueza Heredia a encontrar culpable al exmandatario. El Tribunal también evaluará la proporcionalidad de la pena impuesta y las circunstancias que rodearon los hechos investigados.
El caso, que inició en 2018 cuando la Corte Suprema abrió la indagación, llegó a la Fiscalía en 2020 tras la renuncia de Uribe al Senado. Después de 67 días de audiencias y el testimonio de múltiples testigos, la jueza consideró probada la participación del expresidente como determinador en el intento de soborno a testigos.
Mientras se resuelve la apelación, todas las sanciones impuestas a Uribe permanecen suspendidas, incluyendo la prisión domiciliaria, la multa de 3.444 millones de pesos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El fallo definitivo del Tribunal Superior determinará si Colombia tendrá su primer expresidente condenado en firme por delitos comunes.
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