Uribe rechaza consulta popular del gobierno Petro y advierte sobre impacto en el empleo

A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario profundizó sus críticas

En medio del debate nacional sobre la consulta popular impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó su rechazo a la iniciativa, señalando que “le da muy poco a los trabajadores y le hace mucho daño al empleo y a las familias”. Las declaraciones fueron ofrecidas durante un evento en Rionegro, Antioquia, en el que el líder del Centro Democrático también cuestionó el enfoque del Ejecutivo al presentar la consulta como una disyuntiva entre “amigos y enemigos de los trabajadores”.

Uribe argumentó que existen alternativas más eficaces y menos perjudiciales para la economía, y calificó las propuestas oficiales como “engañosas”. En su crítica, el exmandatario se basó en cifras de Fedesarrollo, las cuales indican que Colombia ocupa una posición alta en términos de recargos laborales, como pagos por días festivos y horas nocturnas. Según Uribe, estas medidas representan un beneficio limitado para un grupo de aproximadamente 7,1 millones de trabajadores, mientras que implicarían un aumento del 60% en los costos de nómina para los empresarios.

“Ese encarecimiento podría traducirse en la pérdida de hasta 451.000 empleos”, advirtió, al tiempo que pidió una reforma laboral basada en el realismo, que brinde garantías a todos los actores del sistema productivo.

A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario profundizó sus críticas, señalando tres aspectos que, a su juicio, evidencian cómo las políticas del actual gobierno han afectado a los trabajadores. En primer lugar, denunció un aumento de la informalidad laboral, que alcanzó el 57,8%, con un crecimiento de más de 950.000 personas en el último año. También expresó preocupación por la situación de los jóvenes, afirmando que más de dos millones han emigrado, muchos de ellos en edad laboral.

Finalmente, Uribe cuestionó la reforma al sistema de salud impulsada por el gobierno Petro, asegurando que esta ha dificultado el acceso a medicamentos y servicios, obligando a los trabajadores a asumir esos costos o a trasladarlos a sus empleadores.

  


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