Abogado Javier de la Hoz cuestiona la cartografía del POT de Montería y promete demostrar técnicamente que el proyecto no está en zona protegida.
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La defensa legal de Villa Petro niega categóricamente que el proyecto de vivienda social cause afectación al humedal Berlín y anuncia que demostrará técnicamente esta posición en la audiencia del 4 de julio.
El abogado Javier de la Hoz Rivero asegura que su equipo técnico probará que las construcciones no se ubican dentro de áreas ambientalmente protegidas.
“A nuestro criterio, el predio no está dentro de una afectación de carácter ambiental”, declaró De la Hoz durante una entrevista radial. El jurista cuestiona la veracidad de los informes que sustentan la suspensión de obras y apunta hacia errores en la cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Montería.
La controversia surge porque las autoridades locales argumentan que Villa Petro invade zonas del humedal Berlín, ecosistema considerado estratégico para la ciudad. Sin embargo, la defensa sostiene que existe un “error histórico” en la delimitación de estas áreas protegidas debido a escalas cartográficas que no cumplen estándares legales establecidos en el Decreto 1067 de 2015.
De la Hoz reveló que desde 2021 demandó el POT de Montería precisamente por estas inconsistencias cartográficas, proceso que aún permanece en los tribunales. “Las escalas cartográficas no cumplen, por ende van a pasar este tipo de conflictos porque van a marcar como suelos protegidos, zonas que hoy día están urbanizadas”, explicó.
El abogado cuestiona la selectividad de las medidas cautelares, señalando que existen otras viviendas construidas alrededor del área sin que hayan recibido similar tratamiento. “Revisen qué hay alrededor. Hay viviendas. La pregunta es por qué la selectividad”, planteó.
La Contraloría General de la República emitió advertencias hace cuatro años sobre estos problemas cartográficos durante la aprobación del actual POT, alertas que según De la Hoz no recibieron la atención debida.
La audiencia del próximo mes definirá si los argumentos técnicos ambientales logran sustentar el levantamiento de la suspensión que afecta a más de 1.000 familias.
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