Álvaro Sepúlveda cuestiona modelo de concesión que beneficia “desproporcionadamente” al operador privado.
El municipio de Montería recibirá apenas el 22% del recaudo por las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) y esto ocurrirá solo después de que transcurran tres años de operación, reveló Álvaro Sepúlveda, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, durante una reunión con comerciantes que rechazan la implementación de esta medida.
“¿Por qué le van a dar al municipio de Montería el 22% después de los 3 años? O sea que durante la administración del doctor Kerguelén simplemente lo va a recibir el 100% el concesionario”, cuestionó Sepúlveda, quien calificó el modelo como una modalidad de Alianza Público Privada (APP) que favorece desproporcionadamente al operador privado.
El dirigente gremial explicó que el operador “Nuestro Espacio Montería SAS” recibirá la totalidad de los ingresos durante los primeros tres años de funcionamiento, justificando esta distribución en la inversión realizada en parquímetros y señalización.
Sepúlveda recordó que desde 2019, la Cámara de Comercio se opuso a un modelo similar cuando el entonces alcalde Marcos Daniel Pineda intentó lanzar una licitación para crear una empresa de economía mixta para el manejo de estacionamientos.
“La Cámara de Comercio se opuso y le mandó el documento al alcalde diciéndole: ¿Cómo se te ocurrie a ti crear una empresa en la cual el municipio va a tener el 25% de participación accionaria y el privado apenas va a aportar 1000 millones de pesos en 24 meses?”, relató.
El presidente de la Cámara de Comercio agregó que el modelo actual resulta “peor” que el anterior, pues “ya el municipio no es accionista, sino que participa de unos ingresos, pero al cuarto año”.
Los comerciantes monterianos también denunciaron otras irregularidades en la operación de las ZER, como que los operadores “no dan cambio, no dan factura” y cuestionaron: “¿Quién controla el recaudo entonces de la zona ZER?”.
Adicionalmente, los comerciantes preparan acciones jurídicas contra los acuerdos municipales que establecen el cobro, argumentando una posible violación de la Ley 1386 de 2010, que prohíbe a las entidades territoriales delegar en un privado el recaudo y manejo de los tributos.
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