El pasado 25 de marzo de 2025 la Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado donde señala una investigación disciplinaria al Alcalde de San Antero, Dennis Chica Fuentes, presuntamente, ante una violación de derechos fundamentales a la vida, salud, integridad física y dignidad de la población carcelaria del centro de detención “La Amarilla” ubicado en el municipio de Lorica.
Según el ente de control, se habría incumplido el convenio Nº 002-2024, que tiene como propósito aunar esfuerzos financieros para prestar los servicios de administración, vigilancia, custodia y alimentación de las personas detenidas en este centro de reclusión y que suscriben conjuntamente los municipios de San Andrés de Sotavento, Puerto escondido, Purísima, Chimá, Cotorra, San Antero, Moñitos, Canalete, entre otros .
Ante dicho señalamiento el Alcalde de San Antero; aclara que el año inmediatamente anterior, desde el 27 de mayo de 2024 garantizó los recursos para dicho convenio mediante el certificado de disponibilidad presupuestal Nº CEN 01.000351 por valor de $35.000.000 (Treinta y Cinco millones de pesos); siendo así el primer Municipio en apropiar los recursos cumpliendo con su responsabilidad de garantizar el sostenimiento del centro de reclusión, para que una vez que se suscribiera el convenio hacer el giro correspondiente.
Lo propio hicieron a su turno, los otros municipios que aportan dineros para la celebración del convenio.
Sin embargo, sólo hasta el mes de septiembre, se procedió con la firma del convenio, cuya elaboración está a cargo del Municipio de Lorica por ser ese el municipio donde se encuentra ubicado el centro de reclusión.
De igual forma; se aclara que sólo hasta el 19 de diciembre 2024 se recibió por parte del municipio de San Antero, la cuenta de cobro con sus respectivos soportes, sin los cuales es improcedente hacer cualquier tipo de pago.
Teniendo en cuenta que; para esa fecha todos los municipios se encuentran adelantando el proceso de cierre presupuestal, no fue posible proceder con el desembolso antes de finalizar el año por lo que día 21 de enero del año 2025 se procedió a legalizar el pago por parte de la Alcaldía de San Antero con cargo a ese convenio.
Por lo aclarado, es evidente que no existen méritos para iniciar cualquier investigación por estos hechos contra la administración, máxime cuando son varios los municipios que integran dicho convenio, se apropiaron los recursos de manera oportuna, y no está a mi cargo la estructuración del convenio.
Es así, como es improcedente, aceptar los señalamientos y acusaciones ante este hecho, cuando reiteramos que desde la Alcaldía de San Antero se realizó el debido proceso en el tiempo exigido por ley.
