En un hito legislativo que marca un nuevo capítulo en la protección ambiental del país, el Congreso de la República aprobó la Ley 2450 de 2025, también conocida como la ley contra el ruido, una norma integral que regula la contaminación acústica en Colombia y que está a la espera de sanción presidencial.
Esta iniciativa responde directamente al mandato establecido en el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano y promueve la participación comunitaria en las decisiones que lo afectan. La nueva ley amplía este marco al abordar de manera específica uno de los problemas ambientales más invisibilizados: el ruido y las vibraciones nocivas.
La Ley 2450 tiene como objetivo principal establecer una política pública de calidad acústica que permita diagnosticar, prevenir, mitigar y controlar los efectos nocivos del ruido en la salud humana, la convivencia ciudadana, la fauna y el entorno natural. Entre sus metas se encuentra la reducción efectiva de la contaminación acústica, así como el diseño de planes de acción territoriales ajustados a las particularidades urbanas y rurales del país.
Los principios orientadores de la ley se fundamentan en enfoques de salud pública, sostenibilidad, derechos humanos, investigación y tecnología, así como en la transparencia y participación ciudadana. La normativa también reconoce la necesidad de un enfoque diferencial que proteja a las poblaciones más vulnerables, como personas con discapacidad auditiva o condiciones neurosensoriales, entre ellas, quienes se encuentran en el espectro autista.
La ley distribuye de forma clara las responsabilidades entre autoridades ambientales, entes territoriales y policía, quienes deberán trabajar articuladamente en la gestión del ruido. Se contempla, entre otras acciones:
- La zonificación acústica con límites diferenciados por tipo de suelo (residencial, comercial, industrial, etc.).
- La formulación de planes de acción por parte de municipios y distritos.
- La implementación de medidas preventivas y sancionatorias contra quienes infrinjan las normas de ruido.
- La promoción de tecnologías de bajo ruido en el desarrollo industrial y urbano.
Además, se establece la obligación de realizar mediciones periódicas, revisar las políticas implementadas y adaptar los marcos regulatorios según la evolución de las condiciones ambientales y sociales.
La ley establece sanciones económicas y medidas correctivas que podrán ser aplicadas por las autoridades policivas en casos de infracción. También incorpora el principio de “carga de la prueba” en los procesos administrativos, favoreciendo a las comunidades afectadas por altos niveles de ruido.
Una vez sancionada por el presidente, la Ley 2450 entrará en vigencia y los entes territoriales tendrán un plazo para diseñar e implementar sus respectivos planes de acción. Se espera que la norma tenga un impacto positivo en la calidad de vida de millones de colombianos, reduciendo los riesgos asociados al ruido, como el estrés, la pérdida auditiva y las enfermedades cardiovasculares, además de favorecer la protección de la biodiversidad.
La “ley contra el ruido” representa una respuesta concreta a un problema cotidiano pero profundamente perjudicial, y consolida a Colombia como un referente en América Latina en materia de legislación ambiental con enfoque de derechos.
