En las últimas horas, el Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto presidencial con el que el Gobierno de Gustavo Petro pretendía convocar una consulta popular sin la aprobación del Senado, argumentando que se omitió el requisito constitucional del concepto previo favorable de la Cámara Alta. La decisión fue tomada por la Sección Quinta tras estudiar múltiples demandas interpuestas por congresistas de diferentes partidos que consideraban la medida como inconstitucional.
El alto tribunal explicó que, mientras se resuelve el fondo del caso, era necesario suspender el decreto para evitar posibles efectos jurídicos irreversibles. La demanda principal fue presentada por 12 congresistas, entre ellos el presidente del Senado, Efraín Cepeda, junto a legisladores de Cambio Radical, el Partido Conservador y Colombia Justa Libres. En total, ya se han registrado 147 recursos contra el decreto, incluyendo tutelas y acciones de nulidad.
Esta decisión judicial se suma a la negativa del registrador nacional, Hernán Penagos, quien aseguró que no tramitará ninguna consulta sin el aval de una autoridad judicial competente. El gobierno, por su parte, sostiene que el rechazo del Senado fue inválido y que el presidente sí tiene facultades para convocar la consulta. No obstante, juristas advierten que solo los jueces pueden determinar la constitucionalidad de los actos del Congreso, lo que pone el futuro del “decretazo” en manos del Consejo de Estado.
