El despido de Lina Baracaldo, gerente interventora del Hospital San Rafael de Leticia, ha generado un fuerte debate en el departamento del Amazonas. La funcionaria, designada por la Superintendencia Nacional de Salud, fue removida de su cargo tras negarse a firmar un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para un proyecto relacionado con un buque hospital, argumentando falta de justificación técnica y posibles riesgos fiscales. Su decisión ha desatado una serie de reacciones entre la opinión pública, líderes regionales y organizaciones de control.
La controversia se intensificó con la filtración de un audio en el que un funcionario del Ministerio de Salud presuntamente presionaba a Baracaldo para firmar el CDP «por instrucciones superiores». Esto ha alimentado la sospecha de que el despido podría haber tenido motivaciones políticas, más que técnicas. Mientras tanto, desde el Ministerio de Salud no se han ofrecido declaraciones oficiales al respecto, aunque fuentes internas mencionan que el cambio en la gerencia responde a procesos internos de evaluación y confianza.
Este incidente ha sido duramente criticado por diversos sectores, que señalan que el despido pone en peligro la independencia técnica de los interventores y la transparencia en el manejo de recursos públicos, especialmente en regiones vulnerables como el Amazonas. La Asociación Colombiana de Hospitales Públicos ha expresado su preocupación por lo que consideran una intromisión política en la gestión sanitaria.
