En julio de 2022, el colapso del puente sobre la quebrada El Perro, en el corregimiento Puerto Nuevo de Montelíbano, dejó incomunicadas a cerca de mil personas. A pesar de varios intentos de la comunidad para que la Alcaldía de Montelíbano gestionara la construcción de la estructura, la falta de respuesta llevó el caso ante la Corte Constitucional. En su sentencia T-120 del 3 de abril de 2025, el alto tribunal ordenó a la administración municipal destinar los recursos necesarios para la obra y completar la construcción en un plazo máximo de un año.
La Corte fijó un plazo de cuatro meses para que la Alcaldía aprobara las partidas presupuestales y destinara los recursos para la construcción del puente. Además, estableció que si no se cumplen los plazos debido a trámites administrativos, la obra no podrá superar los dos años. Aunque en un principio se pensó que la Gobernación de Córdoba y Cerro Matoso S.A. podrían financiar la obra, se determinó que la responsabilidad recae exclusivamente en el municipio de Montelíbano, dado que se trata de un problema local.
El alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, expresó su desconcierto ante la sentencia, indicando que la obra iba a ser financiada inicialmente por Cerro Matoso mediante la modalidad de «obras por impuestos». Sin embargo, debido a problemas con la ART y la fiducia, los recursos fueron devueltos a la empresa. Para los habitantes de la zona, esta sentencia representa una esperanza para solucionar el problema de movilidad y mejorar las condiciones de seguridad al cruzar la quebrada.
