La Corte Suprema de Justicia ha iniciado una investigación formal contra el congresista David Racero, miembro del movimiento político Pacto Histórico, por el presunto delito de concusión. El proceso judicial se centra en posibles irregularidades dentro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), que habrían derivado en el uso indebido de recursos públicos.
Según las primeras indagaciones, se investiga si un funcionario vinculado a su despacho habría sido asignado a labores ajenas a sus funciones oficiales, específicamente en un establecimiento comercial tipo Fruver, presuntamente relacionado con la familia del congresista. Este hecho, de comprobarse, podría constituir una violación al principio de legalidad y al uso adecuado de los recursos del Estado.
David Racero, quien ha ocupado cargos de relevancia en el Congreso y ha sido una figura visible dentro del Pacto Histórico, enfrenta ahora un proceso que podría tener implicaciones tanto jurídicas como políticas. La concusión, tipificada en el Código Penal colombiano, se refiere al acto de exigir o recibir beneficios indebidos por parte de un servidor público, aprovechando su cargo.
La Corte Suprema, en su rol de juzgamiento de aforados, ha asumido el caso y se encuentra en etapa preliminar de recolección de pruebas y testimonios. Hasta el momento, Racero no se ha pronunciado públicamente sobre el proceso, aunque se espera que en los próximos días emita una declaración oficial.
Este tipo de investigaciones reavivan el debate sobre la transparencia en el manejo de las Unidades de Trabajo Legislativo, estructuras que han sido objeto de cuestionamientos en el pasado por presuntos abusos o desviaciones de funciones. El caso de Racero podría marcar un precedente en la fiscalización del uso de personal y recursos en el Congreso.
La opinión pública y diversos sectores políticos siguen de cerca el desarrollo de esta investigación, que se suma a un contexto nacional de creciente exigencia por mayor ética y responsabilidad en el ejercicio de lo público.
