En un fallo trascendental para la justicia colombiana, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia impuso una condena de 11 años de cárcel a varios exdirectivos de la multinacional bananera Chiquita Brands, hallados culpables del delito de concierto para delinquir por su relación con estructuras paramilitares que operaron en el norte del país.
La sentencia, que llega tras un proceso judicial que estuvo cerca de prescribir, representa un avance significativo para la Fiscalía, que logró demostrar que los implicados no solo tenían conocimiento, sino que también respaldaron la creación y fortalecimiento de estos grupos armados ilegales. El caso, que ha sido seguido con atención por su impacto tanto en el ámbito nacional como internacional, refuerza la responsabilidad empresarial en contextos de conflicto armado.
Además de la pena privativa de la libertad, el juez ordenó una reparación económica cercana a los 13.000 millones de pesos, suma que será destinada a las víctimas de las acciones violentas cometidas por las organizaciones paramilitares beneficiadas por el apoyo de la compañía.
La misma decisión judicial, contenida en un documento de 172 páginas, también absolvió a tres antiguos ejecutivos de Banacol. Según lo establecido por el tribunal, no se encontraron pruebas suficientes que acreditaran su participación en los hechos señalados por el ente investigador durante el desarrollo del juicio.
Este fallo marca un precedente en la lucha contra la impunidad en casos de colaboración empresarial con actores armados ilegales y abre la puerta a nuevas investigaciones relacionadas con el conflicto armado y la responsabilidad del sector privado.
