El exfiscal Mario Alfonso Lora Correa fue condenado a siete años de detención domiciliaria tras admitir su responsabilidad en el homicidio de dos jóvenes en Montería, en hechos ocurridos en 2016. Las víctimas, Camilo Rodríguez y Harold Suárez, fallecieron en un incidente registrado en la zona rosa de la ciudad. De acuerdo con el testimonio del exfuncionario, actuó en medio de un episodio de ira. Su confesión dio lugar a un preacuerdo con la Fiscalía, lo que permitió que recibiera una pena alternativa a la prisión.
La sentencia fue confirmada el pasado 28 de mayo, pese a los reparos expresados por el Ministerio Público, que solicitaba una condena más severa. Como parte del fallo, además de la reclusión en su domicilio, Lora Correa fue inhabilitado para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo. El proceso se extendió por varios años debido a recursos y apelaciones presentados por las partes involucradas.
El caso ha generado diversas reacciones en la opinión pública y ha reabierto el debate sobre la proporcionalidad de las penas, los beneficios judiciales y el acceso a la justicia en Colombia. Organizaciones y voces ciudadanas han expresado preocupación por los alcances de este tipo de acuerdos cuando se trata de delitos graves, especialmente si los implicados tienen formación o experiencia en el sistema legal.
