Una operación encubierta de la Fiscalía General reveló un intento de soborno dirigido a manipular las declaraciones de testigos clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El ofrecimiento, realizado por Luis Carlos Barreto, exsubdirector de la entidad, y Édgar Riveros, abogado y exdirigente político,
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Fiscalía destapa intento de soborno en caso UNGRD

Una operación encubierta de la Fiscalía General reveló un intento de soborno dirigido a manipular las declaraciones de testigos clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El ofrecimiento, realizado por Luis Carlos Barreto, exsubdirector de la entidad, y Édgar Riveros, abogado y exdirigente político, buscaba evitar que los exfuncionarios Sneyder Pinilla y Olmedo López continuaran entregando información comprometida sobre la adjudicación irregular de contratos públicos.
La propuesta fue registrada durante una reunión privada realizada el 31 de julio de 2024 en un hotel de Bogotá, con seguimiento en tiempo real por agentes del CTI. En el encuentro, Barreto y Riveros ofrecieron a Pinilla un pago equivalente al 5% de los contratos de plantas y pozos desalinizadores en La Guajira, a cambio de retractarse y frenar nuevas revelaciones. Las conversaciones también dejaron en evidencia la presunta intención de desviar recursos de obras públicas para financiar el soborno, y apuntaron a una cadena de intereses que llegaría hasta el entonces director de la UNGRD, Carlos Carrillo.
Tras el operativo, la Fiscalía capturó a los implicados el 5 de septiembre. Barreto se acogió a un acuerdo de colaboración, mientras que Riveros aceptó cargos y permanece detenido. El caso se suma al creciente expediente por corrupción en la UNGRD, el cual ha salpicado a excongresistas, contratistas y altos funcionarios, y sigue abriendo nuevas líneas de investigación sobre redes de poder político y empresarial. La evidencia recolectada confirma los esfuerzos sistemáticos de algunos sectores para entorpecer la justicia y proteger intereses dentro del aparato estatal.
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