El activista colombiano Francisco Vera, fundador del movimiento Guardianes por la Vida, cuestionó en una reciente entrevista la ausencia de una respuesta efectiva por parte del Estado frente a la creciente violencia que enfrentan quienes defienden el medioambiente en Colombia.
Con apenas 16 años y cuatro de ellos en el exilio debido a amenazas, Vera fue enfático al señalar que ningún gobierno ha ofrecido verdaderas garantías para salvaguardar a los líderes ambientales.
«No vemos presencia real del Estado. Es una problemática grave, repetitiva y que sigue cobrando vidas en todo el país», declaró el joven activista.
La preocupación de Vera no es aislada. Según datos de la organización británica Global Witness, Colombia ha ocupado durante dos años consecutivos el primer lugar en el mundo como el país más peligroso para ejercer la defensa del territorio y la naturaleza.
Entre 2016 y 2024, se registraron 248 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia, de acuerdo con cifras de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Además, Global Witness reveló que un 72 % de los activistas encuestados han sido víctimas de amenazas y hostigamientos, en muchos casos iniciados en redes sociales y que luego se traducen en agresiones físicas.
Vera insistió en que la violencia contra defensores no se limita al asesinato, sino que abarca otras formas de intimidación, como la estigmatización pública y el acoso digital constante.
“Esto no se trata solo de ataques físicos. El entorno virtual también se ha convertido en un espacio hostil donde las amenazas se lanzan desde perfiles públicos, sin consecuencias legales”, afirmó.
Durante la última semana, el joven denunció haber recibido cuatro amenazas directas, provenientes de personas reconocidas, lo que refuerza la sensación de impunidad. Indicó además que lo que vive no es una situación aislada, sino parte de una estrategia sistemática que también se ha replicado en regiones como Santurbán y Jericó, donde los defensores ambientales enfrentan campañas de desprestigio y persecución, siendo incluso señalados falsamente como actores armados.
Vera concluyó advirtiendo que la falta de acción estatal no solo pone en peligro a los líderes sociales, sino que también debilita la defensa del patrimonio natural del país.
«Necesitamos un compromiso real con quienes cuidan el ambiente, no más discursos vacíos», sentenció.
