Tras una semana de movilizaciones del gremio arrocero en distintas regiones del país, el Gobierno Nacional y representantes del sector, incluyendo la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), llegaron a un acuerdo preliminar. El pacto busca responder a las preocupaciones inmediatas de los productores y plantea medidas para asegurar el acceso estable del arroz blanco a los consumidores mediante un régimen de libertad regulada, el cual fijará un precio mínimo de referencia.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, confirmó la instalación de una mesa de diálogo que comenzará formalmente el próximo lunes. En este espacio se abordarán de manera estructural los problemas que afectan a la cadena productiva del arroz. El Gobierno anunció además la implementación de un Plan de Ordenamiento Productivo que permita alinear a los distintos actores del sector en torno a una estrategia sostenible de largo plazo, orientada a garantizar la soberanía alimentaria frente a la volatilidad del mercado internacional.
Como señal de voluntad para avanzar en un acuerdo más profundo, la industria se comprometió a comprar y almacenar el arroz cosechado bajo las condiciones actuales de comercialización, evitando así pérdidas para los agricultores. Posteriormente, y una vez entre en vigencia la regulación de precios, se ajustarán los pagos conforme al nuevo marco tarifario. Ambas partes también pactaron trabajar en una hoja de ruta que permita organizar de manera más eficiente la producción y comercialización del grano en el país.
