Por: Orlando Benítez Quintero
Gustavo Bolívar, quien durante las protestas que sacudieron al país en 2021 y en la campaña que llevó a Gustavo Petro al poder fue uno de los mayores promotores del activismo en redes -una forma de comunicación militante que desafia a los medios tradicionales- hoy es víctima de su propio invento. El monstruo digital que lo encumbró ahora amenaza con devorarlo. Su idea de etiquetar con las siglas “PPP” (Publicidad Política Pagada) los contenidos patrocinados en redes es, de entrada, digna de debate y, creo, necesaria. En un mar de desinformación y mensajes disfrazados de opinión, un acuerdo ético o una norma en este sentido podría resultar un buen escudo para la democracia.
Otros países ya lo hacen. En la Unión Europea, la Ley de Servicios Digitales obliga a revelar quién paga cada anuncio político. En Estados Unidos existe el famoso “Paid for by…”, aunque persisten vacíos en redes sociales. En Brasil, los tribunales sancionan a influencers que ocultan patrocinios en campaña. Colombia, donde la política digital se mueve entre memes virales y cadenas falsas de WhatsApp, sigue sin reglas claras para diferenciar propaganda de opinión e información real.
El problema es más profundo que una narrativa oficial, porque el proselitismo político, sin importar su tendencia ideológica, ha convertido las bodegas digitales en parte central de su estrategia. Ejércitos de cuentas coordinadas que manipulan conversaciones, atacan adversarios y fabrican tendencias son el secreto a voces de cada campaña. Entonces, si de acuerdos éticos hablamos, el primero debería ser acabar con las bodegas.
Mientras tanto, el jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, prendió esta semana otra alerta: su llamado a “controlar los medios” y a empujar la reelección -hoy prohibida por la Constitución- despierta fantasmas conocidos. Hungría, Venezuela y El Salvador muestran cómo empiezan estas erosiones: primero se descalifica a la prensa crítica, luego se concentra el relato en medios públicos y, al final, se silencian las voces críticas. En Colombia, organizaciones como la FLIP han alertado sobre el aumento de hostigamientos verbales desde el poder.
Los dos temas de este análisis: la ética digital y libertad de prensa están conectados. Sin reglas claras en redes y sin pluralismo mediático, el ciudadano queda expuesto a campañas encubiertas y narrativas sin contrapeso. Y si la propuesta de etiquetar la PPP se convierte en proyecto formal, sería el Congreso el que decida su destino. Amanecerá y veremos.
El monstruo no distingue bandos y, si nadie lo doma, tarde o temprano nos devorará.
