El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) emitió un contundente pronunciamiento a través de su cuenta oficial en la red social X, en el que rechaza de manera categórica la utilización de niñas, niños y adolescentes en hechos de violencia, tras los acontecimientos ocurridos el pasado 7 de junio en Bogotá, donde resultó gravemente herido el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
En el comunicado, el ICBF calificó como una “grave vulneración a los derechos humanos” la participación de menores en este tipo de hechos y reiteró que la niñez y la adolescencia deben ser protegidas en todos los escenarios para asegurar su desarrollo integral y prevenir su involucramiento en conductas ilegales.
La entidad estatal confirmó que, ante la presunta participación de un adolescente en el ataque, ha activado las rutas correspondientes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y está acompañando el proceso judicial y de restablecimiento de derechos del menor implicado, en concordancia con los protocolos establecidos.
El ICBF recordó que, conforme al artículo 44 de la Constitución y a la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), los menores de edad son sujetos plenos de derechos y gozan de una protección especial y reforzada por parte del Estado, la sociedad y la familia. En ese sentido, hizo un llamado urgente a los medios de comunicación, usuarios de redes sociales y ciudadanía en general para que se abstengan de divulgar cualquier información que permita la identificación del adolescente involucrado, tal como lo prohíbe el artículo 47 de la mencionada ley.
“El Bienestar Familiar reitera su compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia y tomará las medidas necesarias para garantizar que este caso sea tratado bajo los principios del interés superior de niños, niñas y adolescentes, la confidencialidad y la justicia restaurativa”, concluye el comunicado.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a todas las instituciones del Estado a reforzar acciones preventivas frente a la instrumentalización de menores por parte de estructuras criminales o actores violentos, una práctica que considera como una vulneración grave y múltiple de los derechos fundamentales de la niñez.
