Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de Colombia alertaron a los ministerios de Hacienda y Salud sobre la difícil situación financiera que afrontan debido al incremento del 2,4 % en la tarifa de autorretención del impuesto sobre la renta, establecido en el Decreto 572 de 2025. Según la Asociación Unión de IPS en Colombia (Unips), esta carga tributaria adicional, sumada a los retrasos en los pagos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), genera una insuficiencia de liquidez que pone en riesgo el pago oportuno de nóminas y obligaciones con proveedores.
El gremio, que agrupa a cerca de 2.000 prestadoras de salud en todo el país, señaló en una carta dirigida a los ministros Germán Ávila Plazas y Guillermo Alfonso Jaramillo que la imposibilidad de acceder a los recursos necesarios obliga a postergar pagos esenciales, lo que compromete la operación continua de los servicios y podría derivar en cierres temporales o definitivos de puntos de atención. Unips recordó además que esta inquietud ya fue planteada en una sesión técnica con la Comisión Tercera del Senado, donde se mostró disposición para evaluar modificaciones al decreto.
Finalmente, las IPS solicitan formalmente una revisión urgente del Decreto 572 para evitar que el cumplimiento de esta obligación fiscal derive en un detrimento de la calidad y disponibilidad de la atención en salud. Destacan que mantener la actual presión tributaria sin ajustes equivaldría a forzar aplazamientos en los pagos al personal y proveedores, con impactos directos en la prestación del servicio a los usuarios y la estabilidad del sector.
