En los últimos tres años, 647 incidentes relacionados con la presencia o sospecha de artefactos explosivos se han presentado cerca de instituciones educativas, impactando directamente a 386 sedes escolares, según datos del Sistema de Información de la Acción Integral contra Minas Antipersonal, de la Consejería Comisionada para la Paz.
Los departamentos que concentran el mayor número de estos eventos son Nariño, Cauca, Antioquia, Chocó y Norte de Santander, regiones históricamente afectadas por el conflicto armado y la presencia de grupos ilegales.
Este panorama fue expuesto durante la transmisión virtual “Escuela, territorio de vida: previniendo el riesgo de artefactos explosivos”, un espacio liderado por el Ministerio de Educación en el que participaron expertos de la Consejería Comisionada para la Paz y UNICEF.
Durante la jornada, se enfatizó en las graves consecuencias que genera la presencia de minas y otros explosivos en los alrededores de las escuelas: interrupción de clases, confinamientos prolongados, desplazamientos forzados y daños emocionales que afectan tanto a estudiantes como a docentes y familias.
Ante este contexto, se presentó la estrategia de Educación en el Riesgo de Artefactos Explosivos, una propuesta que busca reducir el peligro a través de la formación y sensibilización de las comunidades educativas. Esta iniciativa contempla la entrega de materiales pedagógicos, orientación a docentes y acciones de prevención adaptadas a cada territorio.
Además, esta labor se está integrando con la Política de Gestión del Riesgo Escolar y Educación en Situaciones de Emergencia, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta en zonas vulnerables.
“Las escuelas deben ser espacios seguros y libres de amenazas. Por eso es esencial empoderar a las comunidades locales para que identifiquen los riesgos y actúen con prevención”, expresó Héctor Morillo, asesor del Grupo de Acción contra Minas Antipersonal de la Consejería Comisionada de Paz.
Por su parte, Sandra Salazar, coordinadora de UNICEF en temas de acción contra minas, explicó que esta estrategia se sostiene en tres pilares fundamentales: educación, información pública y gestión del riesgo comunitario. Según ella, estas acciones colectivas permiten reducir la deserción escolar, fortalecer el autocuidado y garantizar el derecho a la educación en zonas afectadas por el conflicto.
Finalmente, el Ministerio de Educación hizo un llamado a las Secretarías de Educación, directivos escolares y comunidades para que integren estas iniciativas dentro de sus planes institucionales. La prevención, insistieron, es una herramienta clave para proteger la vida, fomentar la resiliencia y asegurar entornos escolares protectores, aún en contextos de violencia.
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