La detención de Andrea Vélez, ciudadana estadounidense de origen latino, ha encendido nuevamente las alarmas sobre presuntas prácticas de perfilamiento racial y detenciones arbitrarias por parte de autoridades migratorias en Estados Unidos. La joven de 32 años fue arrestada sin orden judicial por agentes del ICE en el centro de Los Ángeles, según relató, sin explicación alguna y con uso de fuerza, pese a haber demostrado su ciudadanía. Su caso no es el único y se suma a una serie de denuncias similares registradas en distintos estados del país.
Organizaciones como la ACLU han advertido un patrón preocupante de intervenciones basadas únicamente en la apariencia, idioma u origen étnico, lo que a su juicio viola la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense. La familia Vélez denunció que durante más de 24 horas no tuvo conocimiento del paradero de Andrea, quien fue liberada tras el pago de una fianza y enfrenta ahora cargos por presunta agresión, pese a que videos del momento muestran lo contrario. El LAPD se desligó del operativo y afirmó que no colabora con redadas migratorias.
El caso ha generado rechazo entre defensores de derechos civiles y sectores de la comunidad latina, quienes ven en estas acciones una grave amenaza a las libertades fundamentales. Líderes legales y comunitarios señalan que esta política, intensificada durante el gobierno de Donald Trump, ha sembrado el temor entre ciudadanos legales e indocumentados por igual, al punto que muchos latinos afirman llevar siempre consigo sus pasaportes para evitar ser detenidos. La familia de Andrea evalúa ahora tomar acciones legales por lo que consideran una detención injustificada y discriminatoria.
