El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo obstáculo en su intento por impulsar reformas estructurales a través de mecanismos de participación ciudadana. En una reciente decisión, la Corte Constitucional dejó sin efecto cualquier posibilidad de reactivar, por vía ejecutiva, la consulta popular que previamente había sido archivada por el Senado de la República.
El alto tribunal fue enfático al señalar que el Ejecutivo no tiene facultades para convocar una consulta popular mediante decreto presidencial, como se había planteado desde el Palacio de Nariño. La postura de la Corte responde a una solicitud formal presentada por la representante a la Cámara, Katherine Miranda, quien buscaba claridad jurídica ante las intenciones del Gobierno.
La consulta popular había sido propuesta como un mecanismo para sortear la falta de consenso en el Congreso respecto a algunas de las reformas promovidas por el presidente Petro. Sin embargo, tras ser archivada por el Senado, el Ejecutivo barajó la posibilidad de retomarla sin el aval legislativo, lo que ahora ha sido descartado por el órgano constitucional.
La decisión representa un importante freno a las aspiraciones del presidente Petro de acudir directamente a la ciudadanía para validar su agenda de transformación social y política. Además, reafirma los límites del poder ejecutivo en materia de participación popular, resaltando la necesidad de respetar los procedimientos establecidos por la Constitución.
Con esta determinación, la Corte reafirma la autonomía del Legislativo y refuerza el principio de separación de poderes, al impedir que se omita el control parlamentario en la convocatoria de mecanismos de consulta.
