Tras el atentado armado del que fue víctima el Representante a la Cámara por el Huila, Julio César Triana, el presidente Gustavo Petro confirmó en la noche de este miércoles que fue enviado un helicóptero militar para su evacuación, al tiempo que el Ejército sostiene combates en la zona con los presuntos responsables del ataque.
“Ha sido enviado helicóptero para la evacuación del congresista Julio César Triana y el Ejército se encuentra en combate con los autores del atentado”, indicó el mandatario a través de su cuenta oficial. Petro también señaló que la región donde ocurrió el atentado registra presencia activa de estructuras armadas ligadas al narcotráfico, específicamente del grupo liderado por alias Iván Mordisco, jefe máximo de las disidencias de las FARC que no se acogieron al proceso de paz.
El ataque ocurrió hacia las 6:00 p.m. en la vía entre La Plata y Neiva, a la altura del municipio de Paicol, cuando hombres armados intentaron detener la camioneta blindada en la que se movilizaba el congresista junto a tres miembros de la Policía Nacional, un funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). El vehículo fue impactado en al menos ocho ocasiones, pero ninguno de los ocupantes resultó herido.
Este nuevo pronunciamiento oficial confirma que el ataque no fue un hecho aislado y refuerza las denuncias previas de Triana sobre amenazas en su contra por parte de grupos armados ilegales. El congresista había sido declarado “objetivo militar” por el frente “Rodrigo Cadete” de las disidencias de las FARC en agosto de este año, sumando a una serie de intimidaciones que había denunciado desde 2024.
En medio de los enfrentamientos en la zona, las autoridades no han confirmado si hay capturas o bajas entre los atacantes. Mientras tanto, continúa la operación militar en esta región del occidente huilense, una de las más golpeadas por la reconfiguración del conflicto armado y las economías ilegales.
El ataque ha reavivado el debate sobre la eficacia de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que había negado reiteradas solicitudes de refuerzo en su esquema de seguridad, pese a las advertencias de la Policía Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
