Una profunda indignación se ha desatado a nivel nacional tras la difusión de un video que registra una violenta agresión contra una menor de edad perteneciente a una comunidad indígena del departamento de Risaralda. En las impactantes imágenes, se observa a una mujer atando de manos a la niña y suspendiéndola del techo, mientras tres hombres la golpean repetidamente con tallos en las piernas, ignorando sus gritos de súplica.
El hecho, ocurrido presuntamente en la comunidad Gito Dokabu, ha sido categóricamente rechazado por organizaciones como la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia y la Comisión de la Mujer de AICO por la Pachamama, que han calificado el acto como una grave violación a los derechos humanos y a los principios ancestrales que rigen a los pueblos indígenas. Ambas instancias exigen una respuesta firme de las autoridades y protección urgente para la menor.
Las redes sociales se han convertido en un clamor colectivo, exigiendo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo que actúen con celeridad y rigor. Mientras se esperan avances oficiales en la investigación, el país exige justicia y garantías reales de protección para los menores en comunidades indígenas, así como el compromiso del Estado para evitar que estos hechos queden impunes.
