Tras la suspensión provisional del decreto que convocaba a una consulta popular sobre la reforma laboral, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que la prioridad del Gobierno ahora no está en el plano jurídico, sino en el político. El funcionario indicó que el foco está en destrabar el trámite legislativo del proyecto aprobado parcialmente por ambas cámaras del Congreso, para avanzar en la conciliación de los textos y lograr su aprobación definitiva antes del cierre del actual periodo de sesiones ordinarias.
La reforma fue aprobada en segundo debate en el Senado con un texto distinto al de la Cámara de Representantes, lo que obliga a una conciliación entre ambas corporaciones. Aunque la Cámara ya designó a sus conciliadores, el Senado aún no lo ha hecho, lo que ha generado preocupación en el oficialismo. Benedetti fue enfático en que, si el proyecto logra pasar en el Congreso, la consulta impulsada por el presidente Gustavo Petro no sería necesaria, por lo que el decreto podría retirarse.
La suspensión del decreto fue decidida por el Consejo de Estado, que cuestionó la ausencia de un concepto previo favorable del Senado, requisito que, según el Gobierno, no está estipulado en la ley. Mientras el debate jurídico continúa en la Corte Constitucional, el Ejecutivo apuesta por cerrar el capítulo legal a través de una salida política: lograr la aprobación de una reforma que consideran progresista, evitando así una eventual nulidad del decreto y la polarización en torno a una consulta popular.
