El sistema de salud en Córdoba atraviesa un momento crítico tras la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud de suspender los giros de la Nueva EPS a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en todo el país. Esta medida afecta de manera directa a este departamento, donde la Nueva EPS es la principal entidad aseguradora y concentra una deuda superior a los 500 mil millones de pesos con clínicas y hospitales locales.
La situación financiera se torna aún más compleja si se considera que, según datos conocidos por el sector, esta entidad atiende a cerca de 500 mil afiliados en Córdoba. Como resultado, varias clínicas privadas de Montería han anunciado la suspensión parcial de servicios, especialmente en áreas especializadas, y no se descarta que los servicios de urgencias también se vean comprometidos. Algunas instituciones ya han restringido la atención a pacientes afiliados a la Nueva EPS.
A este panorama se suma la deuda pendiente de EPS ya liquidadas como Emdisalud y Comfacor, que en conjunto dejaron obligaciones por cerca de 250 mil millones de pesos. Representantes de al menos ocho clínicas de la capital cordobesa han manifestado públicamente su preocupación y reiteraron un llamado al Gobierno Nacional para que se adopten medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema hospitalario y la continuidad en la atención a los usuarios.
