El Senado de la República ha retomado con urgencia el debate sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, en medio de un panorama político marcado por presiones, divisiones internas y la ausencia clave del senador Miguel Uribe Turbay, gravemente herido tras un atentado. La iniciativa, que estuvo a punto de hundirse, fue reactivada por partidos tradicionales como el Conservador, y será votada antes del 20 de junio, fecha límite para su aprobación en sesiones ordinarias.
La reactivación del proyecto responde a varios factores: el riesgo de que el presidente Petro recurra a un “decretazo” para convocar consultas populares sobre la reforma, el peso simbólico y político del atentado contra Uribe, y la necesidad de frenar eventuales maniobras jurídicas del Ejecutivo. Aunque la reforma recoge cerca del 80 % del texto aprobado en Cámara, persisten fuertes discrepancias en cinco puntos clave: horas extra, contrato de aprendices del SENA, contrato por horas, contrato sindical y contrato a término fijo. La decisión es someter esas diferencias a votación directa en plenaria.
La votación de esta reforma se ha convertido en una jugada estratégica del Senado para debilitar el impulso de las consultas populares radicadas por el gobierno, cuyos plazos vencen entre el 17 y 19 de junio. Sin embargo, la oposición teme que una reforma sin las exigencias del gobierno no sea suficiente para evitar que Petro insista en su vía plebiscitaria. El escenario final podría resolverse en una conciliación entre Senado y Cámara, pero todo deberá quedar definido antes del cierre de la legislatura. El pulso político continúa mientras el país observa con atención los movimientos del Congreso y del Ejecutivo.
