La comunidad del barrio o invasión «Altos de Canaán», ubicado en la margen occidental de la ciudad de Montería, está viviendo una situación de grave inseguridad y miedo, según denuncian sus habitantes. A pesar de que los líderes de la zona se encuentran bajo detención domiciliaria por hechos relacionados con actividades ilícitas, los vecinos aseguran que la violencia y las extorsiones continúan.
Según los testimonios recibidos a través de nuestra línea de Whatsapp, los líderes; incluso desde sus hogares, siguen ejerciendo control sobre la comunidad. A través de un cobro ilegal de 8,000 pesos semanales por concepto de «seguridad», y la venta de lotes a precios exorbitantes, como lo asegura la denuncia, el orden de las cosas en Altos de Canaán sigue estando en manos de estos individuos.
Alias «El Pájaro», un reconocido líder en la venta de lotes, es señalado como el encargado de organizar las transacciones ilegales dentro del sector. Además, la comunidad acusa a dos mujeres, identificadas como Ana Karina Mendoza alias «La Chychy» y Gilma Barrio, de ser las encargadas de recoger el dinero de la seguridad, mientras que quienes se niegan a pagar son amenazados por otros sujetos conocidos como «Barba Negra» y «Tata».
Los residentes temen que cualquier intento por desafiar el control de estas personas pueda resultar en un desalojo forzado o en represalias violentas. Según la denuncia, «Barba Negra» y su esposa, Julieth, serían los encargados de recolectar el dinero de la venta de los lotes, los cuales se comercializan a precios que oscilan entre los 15 y 20 millones de pesos.
Los habitantes del sector han expresado que, a pesar de los intentos de la administración y de las autoridades de dar solución a la situación, la presión y la intimidación continúan. Además, informan que las personas que se oponen a las demandas de los líderes son amenazadas constantemente y se les prohíbe el ingreso de productos a la zona.
Por esta razón, los habitantes de «Altos de Canaán» hacen un llamado urgente al alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, así como al comandante de la Policía, para que intervengan de manera efectiva y brinden una solución a la situación de extorsión y amenazas que están viviendo. En su mensaje, los vecinos también solicitan apoyo para la legalización de sus viviendas, un proceso que, según ellos, ya había sido prometido por las autoridades y el gobierno nacional.
«Tememos por nuestras vidas, necesitamos ayuda urgente», concluye la denuncia de los habitantes, quienes piden la difusión del caso en los medios para que las autoridades tomen acciones inmediatas y protejan a la comunidad.
La denuncia pone en evidencia la persistencia de estructuras ilegales que continúan operando incluso después de que algunos de sus miembros hayan sido detenidos, reflejando la necesidad de un mayor control y respuesta por parte de las autoridades locales y nacionales.
Parte de la denuncia que nos llegó a través de nuestro número de Whatsapp
