El Tribunal de Apelación de Oporto en Portugal aprobó la extradición a Colombia de Diego Marín, alias Papá Pitufo, quien está acusado de lavado de activos, concierto para delinquir, corrupción y contrabando. La decisión del tribunal rechaza los argumentos de su defensa, que alegaban un riesgo de persecución política y solicitaban la suspensión del proceso
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El Tribunal de Apelación de Oporto en Portugal aprobó la extradición a Colombia de Diego Marín, alias Papá Pitufo, quien está acusado de lavado de activos, concierto para delinquir, corrupción y contrabando. La decisión del tribunal rechaza los argumentos de su defensa, que alegaban un riesgo de persecución política y solicitaban la suspensión del proceso de extradición. Marín, quien fue capturado el 3 de diciembre de 2024, había intentado frenar su entrega a Colombia acogiendo la regla de especialidad, que limita los cargos por los cuales puede ser procesado en el país suramericano.
El proceso de extradición, sin embargo, podría sufrir retrasos debido a una solicitud de asilo pendiente en Portugal, la cual podría tardar entre 80 y 100 días en resolverse. Los abogados de Marín también argumentaron que la solicitud carecía de fundamentos y que la orden de captura en su contra había sido revocada, lo que según ellos invalidaría la extradición. Además, señalaron que su nacionalidad española violaría las normativas de la Comunidad Europea si se procedía a su entrega a Colombia. No obstante, la Procuraduría General de Portugal desestimó estos argumentos y ratificó la legalidad del proceso.
El caso ha adquirido relevancia política en Colombia, donde ha causado tensiones dentro del gobierno de Gustavo Petro. Se reveló que un asesor del presidente habría recibido dinero de Marín para la campaña presidencial de 2022, lo que provocó la devolución de los fondos y el registro de esta acción. También se ha conocido la implicación de varios miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en la red de Marín, quienes facilitaban las operaciones ilícitas a cambio de sobornos. La decisión final sobre la extradición recae ahora en el Tribunal Supremo de Justicia de Portugal, que tiene un plazo de 65 días para pronunciarse. Aunque la defensa de Marín sigue apelando, parece poco probable que su solicitud de refugio sea aceptada, lo que podría allanar el camino para su regreso a Colombia.
