El hundimiento de la consulta popular impulsada por el Gobierno para revivir la reforma laboral no solo desató una tormenta política en el Congreso, sino también generó un fuerte intercambio de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, que pone en evidencia la presión y el desconcierto dentro del Ejecutivo frente a la derrota legislativa.
La consulta fue rechazada en la plenaria del Senado con 49 votos en contra y 47 a favor, a pesar de que el Gobierno aseguraba tener el respaldo necesario para su aprobación. En medio de la votación, y mientras se encontraba en visita oficial en China, el presidente Petro se mantuvo en constante comunicación con Benedetti, quien desde Bogotá monitoreaba el desarrollo del debate.
Este diario conoció parte de esa conversación, en la que el mandatario sugirió la posibilidad de convocar una “huelga general” como respuesta a la decisión del Legislativo. Ante esta idea, Benedetti le respondió con preguntas directas: “¿Quién convoca la huelga general? ¿A quién se le dice que lo haga?”, dejando en evidencia la falta de claridad sobre cómo y quién podría liderar esa eventual movilización nacional.
Horas antes de la votación, alrededor de las 9:00 a. m., Benedetti había informado al presidente que había logrado un supuesto respaldo del partido ASI: “Ya están con nosotros. ¡Y firmes!”, le escribió, lo que hacía prever un resultado diferente al que finalmente se dio.
Minutos después de la derrota en el Senado, Petro reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter), calificando el resultado como un “fraude”:
“Este es el fraude. El pueblo ya no se debe arrebatar el triunfo. La salida a la calle es masiva, pero la coordinación popular debe dar los pasos a seguir del movimiento democrático que se desata a partir de ahora”, escribió el jefe de Estado, en un mensaje que ha generado múltiples reacciones tanto en sectores del oficialismo como de la oposición.
El episodio confirma el profundo revés político que sufrió el Gobierno Petro y abre una nueva etapa de tensión institucional, marcada por llamados a la movilización social y por una creciente confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. El futuro de la reforma laboral, una de las principales apuestas del presidente, queda en el limbo, mientras se agudiza la polarización en el país.
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