CNC denuncia grave amenaza a la democracia por nueva normativa electoral

La regulación de encuestas políticas genera controversia por posibles violaciones constitucionales y restricciones a la participación ciudadana
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El Centro Nacional de Consultoría (CNC) expresó su rechazo frente a la reciente legislación que impone restricciones significativas a la realización de sondeos electorales. De acuerdo con especialistas, esta normativa, oficializada mediante el Proyecto de Ley 569 de 2025, representa una seria amenaza para el ejercicio democrático en el país.

La organización considera que esta medida llega en un momento particularmente delicado, cuando las redes sociales y plataformas digitales dominan el panorama informativo sin regulación alguna. Mientras contenidos virales y cadenas de mensajes circulan sin verificación, se pretende restringir precisamente los instrumentos metodológicos que ofrecen información respaldada por criterios técnicos rigurosos.

Los analistas identifican múltiples problemas constitucionales en el texto legal, especialmente relacionados con garantías fundamentales como el acceso a la información y la libertad de expresión. Destacan que el procedimiento legislativo utilizado no corresponde al requerido para normas que afectan derechos básicos, lo cual genera interrogantes sobre su validez jurídica.

Las exigencias metodológicas establecidas en la nueva ley imponen estándares que solo pueden cumplir entidades con recursos económicos considerables. El requerimiento de realizar como mínimo 2.135 encuestas domiciliarias a nivel nacional efectivamente cierra las puertas a medios de comunicación locales y organizaciones con presupuestos limitados.

Esta situación podría generar un monopolio informativo donde únicamente las grandes empresas consultoras tengan la capacidad de realizar estudios de opinión, limitando la diversidad de voces y perspectivas en el debate público. La concentración de este tipo de información en pocas manos contradice los principios de pluralismo democrático.

La normativa establece un periodo específico de tres meses previos al inicio de inscripciones para realizar encuestas con intención de voto. Esta limitación temporal interfiere significativamente con la planificación estratégica de las campañas políticas y reduce las oportunidades ciudadanas para evaluar opciones electorales con información actualizada.

Los expertos argumentan que esta restricción temporal vulnera el derecho fundamental de los ciudadanos a tomar decisiones informadas, elemento esencial del sistema democrático. La limitación impide además el seguimiento de precandidaturas y el monitoreo continuo de tendencias políticas que resultan fundamentales para una participación ciudadana consciente.

  


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